El país debe prepararse para que en el bicentenario del Congreso de Angostura en 2019 demos cabida al pensamiento que El Libertador asignó a la educación para consolidar la República.
Con rumbo desvariado y brújula sin norte han estado las políticas educativas de Colombia, con muy pocos éxitos para garantizar el derecho universal a una educación con calidad para todos, a una educación con altos valores éticos y morales lejos de la corrupción, a una educación, que promueva comportamientos pacíficos y que contribuya a la consolidación y profundización de la democracia dentro del Estado Social de Derecho.
No han sido los gobiernos exitosos en la conducción del Ministerio de Educación Nacional, nombrando en ese importante cargo a personas con muy poca o nula trayectoria y, además, sin conocimiento de la educación en Colombia y de sus compromisos en el ámbito internacional. Planes y programas de desarrollo se han quedado cortos en la consecución de las metas educativas formuladas. Una evaluación de logros, por ejemplo, alrededor del Plan Decenal de la Educación 2006 – 2016, muestra resultados que avergüenzan ante la escasez de logros demostrables. Fue, para decirlo de manera tajante, un fracaso.
El derecho a la educación ha sido considerado como elemento esencial del progreso y de la vida republicana. El Libertador en el Congreso de Angostura en 1819, hace ya dos siglos, señaló que la educación primaria debía ser obligatoria. Utilizó la expresión “educación popular”, la cual debía ser del “cuidado primogénito del amor paternal del Congreso”. Consideró a la moral y la formación escolar como los polos de la República, por lo que debía ser obligatoria, dirigida y orientada por el Estado. Si en el ámbito nacional no se ha sido exitoso, a pesar de objetivos y metas en distintos planes de desarrollo, en el contexto de los compromisos internacionales del país tampoco son muchos los logros demostrables, pero sí más abundantes las carencias e incumplimientos. Veamos:
Los países del mundo con distintas organizaciones multilaterales mundiales, bajo la égida de la UNESCO han acordado, en las tres últimas décadas, comprometer acciones políticas para consolidar el derecho a una educación con calidad para todos. Una educación que ayude a superar la pobreza, la inequidad y las desigualdades de distinta índole en el mundo. En la Declaración Universal de Derechos Humanos bien se expresó que "toda persona tiene derecho a la educación”.
En 1990 en Jomtien, Tailandia, hubo un desarrollo importante consolidado como hito para la preocupación mundial sobre la educación como derecho humano y la necesidad de consolidar en todo el mundo su cumplimiento. Ahí se expidió la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos:
Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje”. Hito importante porque se consolidó la idea de una educación para toda la vida y porque se puso el énfasis en el aprendizaje, que con los concomitantes desarrollos en la informática contribuyeron a establecer lo que se denominó Sociedad del Aprendizaje. Con amplia vigencia hoy en Colombia, hace 27 años en Jomtien se sostuvo que en educación se requiere mucho más que el compromiso simple formal con la educación, sino también, acciones que vayan más allá de las prácticas y recursos actuales, de planes de estudio y estrategias tradicionales de enseñanza. Se reafirmó que sólo en situaciones pacíficas y de estabilidad pueden todos beneficiarse de las metas de una educación para todos.
Quince años después de Jomtien, en 2000, los países del mundo celebraron en Dakar el “Foro Mundial sobre la Educación - Educación para Todos”, bajo el principio de que “la educación es un derecho humano fundamental, y como tal es un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones”. Adquirió Colombia el compromiso para que en 2015 todo las niñas y los niños tuvieran acceso a educación primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la culminen; suprimir las disparidades entre los géneros y alcanzar igualdad entre ellos. Compromiso que se hizo en el contexto de los Siete Objetivos del Desarrollo acordados por la ONU para 2015, objetivos dependientes todos de alcanzar una educación con calidad para todos, con cobertura total y nulas tasas de deserción. Sin embargo, no avanzó significativamente en varios de ellos el país, incumplimiento que incide negativamente en los índices de pobreza.
En 2015 en la ONU los países del mundo acordaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas conexas consideradas de carácter integrado e indivisible, los cuales deben ser alcanzados en 2030: Entre ellos se reitera el compromiso de los países para lograr una educación de calidad, inclusiva e igualitaria en donde tengan acceso a posibilidades de aprendizaje permanente y puedan participar plenamente en sus sociedades. Debe Colombia, en el contexto de estos objetivos, lograr: que todos los niños y niñas tengan formación preescolar, terminen primaria y secundaria en un modelo gratuito, equitativo y de calidad, con logros de aprendizaje pertinentes y efectivos, asegurar acceso igualitario a la formación técnica y universitaria también de calidad, de modo que estén formados para tengan un empleo o trabajo decente.
Con buen fundamento se afirmó que el desarrollo sostenible no puede alcanzarse sin que haya paz y seguridad. En el fundamento de estos objetivos está la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que superen los elementos que forjan la violencia tales como las desigualdades, la exclusión y la corrupción, por lo que deben impulsarse los esfuerzos para resolver o prevenir los conflictos y apoyar a los países que salgan de ellos, facilitando que las mujeres jueguen papel esencial en la consolidación de la paz, la construcción social y la consolidación del Estado Social de Derecho.
Es claro el compromiso de Colombia con esas metas educativas. Sin embargo, el camino para un país “mejor educado”, como ha indicado hace poco el presidente, no se alcanza con decretos, resoluciones o leyes de oportunidad que no ha funcionado y no van a funcionar. Los problemas de la educación y con ello de la competitividad del país y un mejor futuro para niños, jóvenes y para las próximas generaciones se alcanza con una transformación de fondo en el modelo educativo actual, arcaico, impertinente, confuso e improductivo socialmente.
Los vientos de paz anuncian también la garantía de una educación con calidad para todos. La sociedad clama un nuevo modelo educativo fundamentado en sólidos pilares que aseguren calidad y pertinencia. El actual gobernador de Antioquia, quien se identifica a sí mismo como un educador por vicio y por oficio, propuso a la ciudadanía establecer un nuevo modelo educativo “para la vida, la sociedad y el trabajo”. Con su reconocido liderazgo nacional podrá ayudar a marcar el rumbo para tener una educación colombiana siglo XXI con calidad para todos, libre de exclusiones, igualitaria y equitativa.
La innovación y trasformación esencial del modelo educativo, añejo e improductivo socialmente, es el camino para que, en 2019, en conmemoración de los 200 años de la gesta de la Batalla de Boyacá y del Congreso de Angostura demos todos curso al mandato de El Libertador: Colombia con una educación obligatoria e incluyente en donde ella y la moral sean los polos de la República.